Inconstitucionalidad del Código de la Familia y del matrimonio igualitario

Haydée Méndez Illueca

Viéndolo bien, el artículo 26 del Código de la Familia, que describe el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer”, no es inconstitucional.  Lo que está es incompleto, desfasado y no a tono con el cambio social.  Tampoco es inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no hay ninguna disposición que lo prohíba, sino todo lo contrario.  Nuestra Constitución y bloque constitucional garantiza los mismos derechos para todos.

 

En realidad, es una cuestión de semántica, porque si no le quieren llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, llámenle unión legal y se acabó la polémica.  (Porque matrimonio religioso jamás le podrán llamar, eso lo sabemos.)

 

La ventaja de llamarle unión legal es que no hay que cambiar nada ni demandar nada de inconstitucional.  Simplemente se hace una ley, parecida a las que hay en otros países más civilizados que nosotros, que diga que se reconoce “la unión legal de personas del mismo sexo voluntariamente concertada entre las dos y con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común.”  Luego otro artículo que reconozca que dicha unión concede a las partes los mismos derechos que la ley concede al matrimonio civil entre un hombre y una mujer.  Otro artículo contemplaría la emisión de un “certificado de unión legal” emitido por la autoridad competente, que permita a las parejas exigir sus derechos.  Y ya – sin complicaciones, dudas, oraciones ni murmuraciones.

 

La otra alternativa sería cambiar, por medio de una ley, el artículo 26 del Código de la Familia, no porque sea inconstitucional, sino porque, como muchos otros artículos de otros códigos y leyes, el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio social, sino que debe ir a la par o preferiblemente por delante del mismo.  Como un ejemplo solamente, el Código Penal ha cambiado tantas veces, que los abogados no logramos tener casi nunca el último texto único a mano.  Así como se ha aumentado la edad para casarse, en el artículo 26 se puede incluir “a las personas del mismo sexo con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”.  Esto no afectaría a “la familia” tradicional en ninguna forma imaginable.

 

Hay quienes insisten en que se le llame matrimonio a la unión de parejas del mismo sexo, pero el término “matrimonio” tiene para mí connotaciones de romance: velo y corona, vestido blanco y flores.  El romance es una fantasía, mientras que el matrimonio es trabajo, amor, apoyo mutuo, compromiso, comprensión, aguante y responsabilidad.  Conozco varias parejas gays que han durado mucho más que aquellas casadas en una iglesia, que lo celebran con flores y pitos y a los escasos dos años se están divorciando.  Dejemos, pues, la semántica y el romance a un lado y pensemos en la verdadera felicidad de cada persona.

 

Hay también quienes argumentan que establecer legalmente el derecho a la unión de personas del mismo sexo va contra el “orden o derecho natural”. El derecho natural no puede ser definido con precisión, ya que su concepción ha variado a lo largo de la historia.  Por lo general se fundamenta en un ente abstracto natural superior a la voluntad de las personas (como Dios).  Es un conjunto de normas que los seres humanos deducimos o establecemos a partir de nuestra propia conciencia y que se determinan como justicia en un momento histórico determinado.  Esto significa que el Derecho Natural va cambiando con la etapa que está viviendo una sociedad y la época concreta que vive.

 

Estas normas naturales, entonces, no pueden utilizarse en oposición a la evolución de las sociedades modernas, cada día más unidas por las comunicaciones y la globalización, ni tampoco para oponerse a los derechos humanos, que han evolucionado y han sido reconocidos por los países democráticos y no teocráticos.

 

Ninguna iglesia o credo debe inmiscuirse en la política ni en las legislaciones de ningún país.  Eso ha sido superado desde hace muchos años con la separación de la Iglesia y el Estado, uno de los más grandes logros de la humanidad.  Sólo quedan estados teocráticos en algunos países islámicos y Panamá felizmente no lo es.  Las iglesias pueden exigir a sus fieles lo que ellos estén dispuestos a cumplir, pero no puede imponer sus creencias a todos los ciudadanos.  No hay argumentos válidos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque la validez de los argumentos moralistas cambia con el tiempo y con la evolución de la humanidad.

 

De allí que los diputados se deben a un Estado laico, libre de la discriminación y la persecución por preferencia sexual de siglos ya pasados y superados.  Ya llegará.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *